El pasado 19 de enero murió, tras 50 días en huelga de hambre, el preso político cubano Wilman Villar Mendoza, de 31 años de edad.

Villar Mendoza, detenido el 14 de noviembre tras participar en una protesta en Contramaestre, Santiago de Cuba, fue condenado apenas diez días después a cuatro años de cárcel por desacato, resistencia y atentado a la autoridad. En desacuerdo contra este juicio sumario, inició una huelga de hambre por la que le confinaron en una celda de aislamiento en condiciones extremas. El 14 de enero fue trasladado al hospital, ya grave, por una fuerte neumonía. Deja dos hijas pequeñas de 5 y 7 años de edad.

Después de su muerte, los ataques del gobierno para intentar desacreditar la figura del preso político no se han hecho esperar, calificándolo de delincuente, como hicieron en su día con el también fallecido preso político Orlando Zapata.

Se han llevado a cabo arrestos violentos para impedir el acceso al funeral de Wilman Villar Mendoza, operativos policiales no permitieron la llegada a la sede de las Damas de Blanco, donde se abrió un libro de condolencias, y muchas de ellas quedaron sitiadas impidiéndoles llegar.

La muerte de Villar Mendoza es una tragedia que se produjo después de una larga protesta pacífica, algo que ya se ha convertido en “demasiado común” en Cuba.

Este suceso plantea dudas sobre el sistema judicial y penitenciario de Cuba. Es la segunda muerte en condiciones similares en muy poco tiempo. El caso de Villar Mendoza es una réplica del de Orlando Zapata, preso político que murió también tras una larga huelga de hambre en febrero de 2010.

Son absolutamente intolerables las circunstancias de la muerte de Villar Mendoza y obliga a una contundente respuesta de todos los demócratas. Fue juzgado de forma sumaria y encarcelado por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Esta tragedia pone de manifiesto la profunda desesperación a la que se enfrentan los presos de conciencia, que siguen languideciendo en las cárceles cubanas.

Es nuestra responsabilidad exigir a las autoridades cubanas poner fin al hostigamiento, la persecución y el encarcelamiento de manifestantes pacíficos.

La organización Human Rights Watch (HRW) ha declarado que la muerte del disidente demuestra que en Cuba persiste la represión. Asimismo ha pedido a La Habana que ponga fin inmediatamente a las amenazas dirigidas contra la esposa de Villar Mendoza, Maritza Pelegrino Cabrales, y contra la organización Damas de Blanco.

El gobierno cubano castiga el disenso. Para silenciar a los críticos recurre a tácticas como arrestos arbitrarios, procesos judiciales que no son más que una farsa, encarcelamientos en condiciones inhumanas y persecución de familiares de disidentes. España y la Unión Europea no pueden estar de espaldas a lo que ocurre en Cuba.

Por todo cuanto antecede, el GRUPO MUNICIPAL POPULAR propone a la aprobación del Pleno del Ayuntamiento la siguiente:
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​MOCIÓN

a) El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid lamenta profundamente la muerte de Wilman Villar Mendoza, preso político del régimen cubano y expresa sus condolencias a la familia del fallecido y su apoyo a todos los cubanos que padecen la represión de aquel régimen.

b) El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid insta al Gobierno a:

1.- Exigir a las autoridades cubanas, a través de la Embajada de Cuba en España, a que inicie de forma inmediata las acciones necesarias para garantizar el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, poniendo fin al hostigamiento, la persecución y el encarcelamiento de manifestantes pacíficos.

2.- Exigir a las autoridades cubanas poner fin inmediatamente a las amenazas dirigidas contra la esposa de Wilmar Villar Mendoza, Maritza Pelegrino Cabrales, y contra la organización Damas de Blanco.

3.- Mantener la posición común de la Unión Europea en sus relaciones con el Gobierno de Cuba.

4.- Solicitar a la Alta Representante de Política Exterior y Seguridad Común de la Unión Europea, en colaboración con las embajadas de los países europeos en Cuba, observen y fiscalicen que las autoridades cubanas progresen hacia el respeto pleno de los derechos políticos y civiles del pueblo cubano, incluida la libertad de expresión.