El Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, proclamó el 8 de abril de 2008 en su discurso de investidura lo siguiente: “Es evidente que la situación financiera local requiere una reforma más estructurada, vinculada a la del sistema general de financiación autonómica, que permita una financiación suficiente para los servicios que asumen los municipios”. Sin embargo, el pasado julio quedó en entredicho este compromiso adquirido por el Ejecutivo Central de abordar la financiación local en paralelo con la autonómica para su entrada en vigor en el año 2010. 

En otro gesto más del repudio que muestra el Gobierno Central ante los problemas de solvencia de las entidades locales, el itinerante Vicepresidente de Política Territorial, Manuel Chaves, ha dado carpetazo a la financiación municipal, desligándola de la autonómica, y ha aplazado a 2011 la elaboración de una nueva ley sobre ella. Lejos de reconducir la situación, el Gobierno Central no tiene previsto aliviar a los “sobre-endeudados” ayuntamientos, puesto que confirma la asfixia de los mismos en su propuesta de Presupuestos Generales para el año 2010.

Frente al incremento de lo que recibirán las centrales sindicales, las cuentas de la ministra Salgado albergan una rebaja en la financiación municipal del 18% con respecto a 2008, lo que supone un recorte de cerca de 3.000 millones de euros. No obstante, hay que añadir que el descalabro hubiera sido antológico, esto es, del 22,5 por ciento, si la Administración Central no hubiera permitido a los consistorios el aplazamiento de la deuda del pasado año, pues el descenso en la recaudación de los ayuntamientos ha sido considerable. Además de esta medida oxigenante, pero de corto alcance por cuanto afecta al déficit del país, el Ejecutivo socialista de Zapatero también ha lanzado otra que dispara el gasto público: un ‘Plan E’ 2.0.

Si la primera versión supuso el despilfarro de 8.000 millones de euros (las cifras del paro en el primer trimestre de 2010, con el término de las obras, se presumen escandalosas), esta reedición costará 5.000 millones de euros, destinando un 15 por ciento a la prestación de servicios sociales. El Partido Popular ha suscrito en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que ese porcentaje sea aumentado al 60 por ciento, ya que, de lo contrario, los entes locales verán muy mermadas sus actuaciones en este ámbito.

Asimismo, el PP dispone de un proyecto de redefinición del modelo de Hacienda Pública, donde prioriza que las corporaciones locales consigan delimitar su espacio, fijar sus competencias y optimar su régimen tributario. Pero esto parece no incumbir al equipo de Zapatero y al Vicepresidente Chaves que no hacen sino posponer en la agenda política cualquier movimiento concluyente al respecto.

Mientras el Gobierno Central ve muy lejanas las propuestas del PP de apostar por una reforma laboral, un cambio en el sistema productivo y una mejora de la competitividad en el exterior; el despilfarro continúa. Ante semejante panorama, desde el PP instamos al Ejecutivo Local (IU-PSOE) a gestionar bien el dinero de los vecinos y vecinas (esta situación de asfixia no sirve para justificar el mal gobierno que tenemos); a que prime el interés general por encima de intereses partidistas; y a que cuente con nosotros en la búsqueda de aquellas acciones, con cargo al ‘Plan E’ 2.0, que mejor encajen en ese perfil social y -no perdamos perspectiva- mejor combatan el paro, pese a lo eventual de los contratos. Ser el primer partido de la oposición nos avala.

Ya sabéis que estoy como siempre a vuestra entera disposición.