Hemos denunciado la concesión por parte del Concejal de Mantenimiento del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid de un contrato a una empresa cuyos propietarios son su esposa, junto con los padres y hermanos de ésta (el padre, y por tanto el suegro del edil, es Ceferino Riestra, quien fuera Primer Teniente de Alcalde de este Consistorio). Esto ha forzado, como no podía ser menos, al Gobierno Municipal (IU-PSOE) “en aras –dijeron en su momento- de una mayor transparencia” a rescindir ese contrato y convocar un concurso público para una nueva adjudicación.

No está mal para empezar, pero es evidente que no es suficiente. El Partido Popular de Rivas Vaciamadrid considera necesaria, por la gravedad de lo ocurrido, la dimisión del Concejal Francisco Javier Fernández o, de no producirse ésta, la revocación por parte del Alcalde de las atribuciones que en su día le fueron encomendadas.

Con esa decisión el Ejecutivo Local trataba de limpiar su imagen y reconducir las aguas a su cauce. Sin embargo creo que esto, precisamente, nos lleva a una peligrosa situación. El Gobierno Municipal dijo que el acto estaba dentro de la legalidad. El Concejal tiene, entre sus competencias, la potestad de proponer y adjudicar directamente “contratos menores”, o dicho de otra forma, los que no superen la cantidad de 18.000 euros. ¿Y cuánto –nos preguntamos- es el valor del citado contrato? Exactamente 17.929, 28 euros… Sospechosa cantidad. Si tan solo hubiese costado 71 euros más, hubiera sido obligatorio por ley convocar concurso público con lo que la decisión se escapaba al control de Francisco Javier Fernández.

¿Toda esta operación se hizo con conocimiento o sin él del Alcalde? La pregunta es obvia, la respuesta, aterradora. Si el Alcalde, el señor Masa, conocía el hecho, sería cómplice y no sólo debería haber dado instrucciones para rescindir el citado contrato tras la denuncia del PP. Pero si desconocía este extremo, me resulta mucho más aterrador porque entonces sería señal de que IU y PSOE o no saben administrar el dinero público o cada uno hace lo que le da la gana dentro del Gobierno Municipal.

Es evidente que en todo este asunto ha habido un descarado trato de favor. Admitido esto hay que admitir también un posible abuso de confianza junto con un desprecio por la administración de dineros públicos. Por eso, por propia dignidad, Francisco Javier Fernández debería dimitir y si no lo hiciera, el Alcalde debería revocar la confianza depositada en él, cesarle de su cargo y exigirle la devolución de su acta de Concejal. Todo lo que no sea esto implicaría cierta connivencia o un exceso de “vista gorda” del señor Pepe Masa respecto de este gravísimo asunto. 

Ya sabéis que estoy como siempre a vuestra entera disposición.